En las playas de Mazatlán, Sinaloa uno puede encontrarse de todo: vendedores de mariscos, pan de dulce y ropa, hasta la clásica banda sinaloense, que recorren todo el día y toda la noche en busca de clientes, incluso turistas que no necesariamente están en la playa recostados en un camastro. El acceso es libre para el que lo desee.
En cambio, en Riviera Maya en Quintana Roo en donde las distancias son kilométricas entre una y otra propiedad, y los accesos de la carretera a la playa son prácticamente a través de la selva. Es imposible que alguien llegue por su propio pie -sin ser huésped del hotel o propietario de condominio-, a estos lugares.
Cada tramo del litoral mexicano tiene su dinámica, que depende de las tradiciones locales y su orografía. Es por eso que vale la pena mencionar el impacto del decreto publicado esta semana en el Diario Oficial de la Federación, que modifica la Ley General de Bienes Nacionales vigente desde el 2004.
Las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados y Senadores, y decretadas por el Gobierno Federal, precisan que el acceso a las playas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado y establece multas de hasta un millón de pesos a quienes lo impidan. También señala que los concesionarios o propietarios de terrenos colindantes a playa, si abren un acceso público tendrán una compensación económica, la cual no se precisa.
Hay que puntualizar que la Ley General de Bienes Nacionales, desde el inicio, establece que las playas son un bien público de la nación, e incluso, el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos ganados al mar, señala que las playas son públicas y que no deben haber obstáculos que impidan el acceso, lo cual causaría multas de 10 a 500 veces el salario mínimo general. ¿Si ya existían estas disposiciones por qué no se aplicaban?
En gran parte, estos cambios se originan por un incidente mediático registrado en febrero de este año en Quintana Roo. En donde una pareja decidió entrar a un club de playa llamado Mamitas, sin hacer uso del mobiliario y sin consumir, y tras negarse a salir fueron esposados y detenidos por policías del municipio de Solidaridad. Lo cual provocó indignación y movilizaciones públicas. Recordemos que en Quintana Roo existen 10 playas con servicios para turistas no hospedados en hoteles y para la población local.
¿Para la población el decreto reforzará que las playas es un bien público? ¿En todas las playas existen este tipo de problemas? Lo que si es que para la hotelería y los conjuntos habitacionales con vocación turística, la noticia cayó de peso, ya que podría alejar a los turistas de alto poder adquisitivo de México.
Y no deja de hacer ruido son las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que asegura que ya no se entregarán a particulares. Y surgen dudas sobre qué pasará con las Concesiones de Zona Federal Marítimo Terrestre, que permiten el uso, aprovechamiento y explotación de playas. Y ¿seguirá la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, llevando a cabo la vigilancia de la zona federal marítimo-terrestre?
